El 21 de abril, la ONU invita al mundo a celebrar la creatividad y la innovación como motor del desarrollo sostenible. Doce días antes, la Cámara de Diputados sancionó una reforma que desarma la Ley de Glaciares para habilitar inversiones mineras en zonas de periglacial. La efeméride llega con una pregunta incómoda: ¿de qué sirve innovar si la información llega tarde, fragmentada o después de la votación?
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Resolución A/RES/71/284. La ONU vincula creatividad y Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos la protección del agua.
A las 2:30 de la madrugada, Diputados sanciona la reforma a la Ley de Glaciares. 137 a favor. 111 en contra. 3 abstenciones. Once horas de sesión. 256 legisladores presentes.
El 27 de abril de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/71/284 y declaró el 21 de abril como Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. La fecha no fue casual: coincide con el nacimiento de Leonardo da Vinci. En los fundamentos de la resolución, la ONU sostuvo que "la creatividad humana y la innovación, tanto a nivel individual como de grupo, han pasado a ser la verdadera riqueza de las naciones en el siglo XXI", y vinculó esa riqueza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos la protección del agua, los ecosistemas y las reservas estratégicas.
La efeméride se lee distinto desde Buenos Aires en abril de 2026.
El 9 de abril, a las dos y media de la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la reforma de la Ley 26.639 —la Ley de Glaciares— con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, tras una sesión de más de once horas y con la presencia de los 256 miembros del cuerpo en el recinto. El texto aprobado redefine qué se considera glaciar, modifica el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y transfiere a las provincias la decisión sobre qué cuerpos de hielo y qué zonas de periglacial conservan su protección.
En los fundamentos enviados al Congreso, la Oficina del Presidente argumentó que "a más de 15 años de su sanción, esta ley ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica", con efectos sobre la actividad minera y sobre la prospección. La reforma se tramitó en el mismo escenario en el que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) concentra promesas de capital por decenas de miles de millones de dólares.
Según el Observatorio del RIGI —una iniciativa colaborativa que integran FARN, CELS, TNI, ETFE, CEPPAS y EPyG/UNSAM—, más del 95% de las inversiones comprometidas bajo ese régimen se concentran en actividades extractivas, especialmente minería e hidrocarburos. Los proyectos de mayor escala —Los Azules, El Pachón, Agua Rica, el clúster Vicuña (Josemaría y Filo del Sol)— se ubican en zonas de alta montaña de San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza, donde la ley anterior establecía restricciones por la presencia documentada de glaciares y ambiente periglacial.
"La ley de 2010 permitía conciliar los intereses mineros con las provincias. El IANIGLA pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión."
"Las mineras redactaron esta ley."
"Es una ley envenenada."
En los discursos corporativos y en buena parte de los comunicados oficiales, la palabra innovación ya no explica casi nada. Se pega a cualquier sustantivo —"minería sostenible", "gobernanza eficiente", "transición energética", "comunicación de impacto"— y se vuelve inerte. Alerta Glaciar no se detiene a discutir si la palabra sirve. Se detiene en algo más concreto: qué pasa cuando la innovación se usa como adorno y qué pasa cuando se usa como herramienta.
La ONU plantea la creatividad como un proceso que transforma ideas en soluciones concretas frente a los problemas del desarrollo sostenible. Para una redacción ambiental en la Argentina de 2026, la traducción práctica es menos abstracta: innovar significa, ante todo, poder investigar mejor un conflicto que se mueve más rápido de lo que suelen moverse los medios.
En los últimos años, redacciones de investigación de América Latina empezaron a trabajar con técnicas que antes pertenecían a laboratorios académicos o a agencias espaciales. En 2021, el equipo internacional From Above —con participación de La Nación Data (Argentina), CLIP (Colombia), Data Crítica (México) y Bloomberg News— utilizó inteligencia artificial combinada con imágenes satelitales para identificar aeronaves ilegales en áreas remotas, la expansión de la deforestación y la construcción de infraestructura. La periodista Flor Coelho, de La Nación, mapeó parques solares con modelos entrenados sobre imágenes de Chile porque no había suficientes fotografías de parques solares en Argentina en 2019 para entrenar el modelo. El proyecto expuso, de paso, una carencia estructural: acceder a imágenes satelitales de alta resolución es caro, y las redacciones pequeñas no tienen ni el hardware ni la potencia informática necesarios para procesarlas.
Lo que tienen en común esos casos no es la tecnología. Es otra cosa, menos visible: una pregunta previa. ¿Qué dato falta? ¿Qué contradicción nadie sistematizó? ¿Qué documento público duerme en un PDF escaneado que nadie leyó entero? La innovación periodística útil empieza ahí, no en el modelo.
El Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina en 2020, establece en sus artículos 5 y 6 la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información pública ambiental. La Ley 25.831, de Acceso a la Información Pública Ambiental, rige en el país desde 2002. Sin embargo, la implementación efectiva sigue siendo desigual. Buena parte de la información relevante —resoluciones provinciales, estudios de impacto ambiental, datos de adhesión al RIGI, actas de audiencias públicas— aparece publicada tarde, de forma parcial, o en formatos no reutilizables.
Los conflictos socioambientales se aceleran. El cambio climático se mide en balances de masa glaciar que cambian año a año; las decisiones regulatorias se toman en madrugadas de sesiones extraordinarias. El diputado José Peluc, presidente de la comisión de Recursos Naturales, defendió la reforma afirmando que "el 70% de las presentaciones fueron a favor" en la audiencia pública. Vale detallar: hubo más de 100 mil inscriptos, solo unos 250 pudieron exponer, y entre quienes hablaron hubo una amplia mayoría de voluntades críticas. La periodista que quiere contrastar ese número con las minutas de la audiencia se enfrenta, en tiempo real, al desafío de leer miles de páginas antes del cierre de la edición siguiente. Sin herramientas que permitan procesar volumen, la cobertura llega después de la decisión.
La información ambiental argentina está repartida entre el IANIGLA (CONICET), la Subsecretaría de Ambiente, las secretarías de minería provinciales, el ENRE, la CONAE, los boletines oficiales de cada jurisdicción, los balances de empresas que cotizan en Toronto y Londres, los informes del IPCC y del PNUMA, los comunicados de organizaciones de la sociedad civil. Nadie la reúne. El Observatorio del RIGI, por ejemplo, nace precisamente como una respuesta organizativa a esa fragmentación: es un esfuerzo colaborativo entre ONG y universidades para sistematizar lo que el Estado no sistematiza de oficio.
Los glaciares argentinos tienen un mapa. El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA, identifica 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados. Ese mapa existe porque la Ley 26.639, en su artículo 3, lo ordenó. Existe porque un organismo del sistema científico argentino, durante más de una década, lo construyó glaciar por glaciar, cuenca por cuenca, con base en imágenes satelitales, trabajo de campo y métodos estandarizados.
El Inventario es, en sí mismo, un acto de innovación pública: un dato organizado donde antes había dispersión. Pero también es un acto frágil. Cuando el propio IANIGLA sale a desmentir desinformación —como lo hizo en 2025, cuando circularon cifras falsas atribuidas al organismo sobre pérdida de superficie glaciar nacional—, lo hace porque sabe que el dato mal citado vuelve a ser materia prima para el ruido.
Lo que sí existe, documentado, es otra cosa. En diciembre de 2024, en su Primer Informe Bienal de Transparencia climática presentado ante la ONU, la Argentina confirmó que en los últimos diez años la superficie glaciar en los Andes desérticos se redujo un 17% y los manchones de nieve perenne, un 23%. El IPCC proyecta que los glaciares de los Andes Desérticos perderán más del 80% de su masa actual de aquí al año 2100.
Aquí aparece el primer lugar concreto donde la innovación no es marketing. El proyecto Fundatos, de Fundar, desarrolló modelos de aprendizaje supervisado con imágenes satelitales y Google Earth Engine para detectar cambios en el uso del suelo y mejorar el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, como respuesta a la pérdida de 659.595 hectáreas de bosque nativo entre 2018 y 2020. Greenpeace Argentina publica, año a año, cifras construidas a partir de comparación satelital: 119.886 hectáreas de bosques nativos perdidas en 2024 en el norte del país, con Santiago del Estero (54.123 ha), Chaco (39.182), Formosa (15.069) y Salta (11.512) a la cabeza.
Ninguna de esas herramientas es nueva en sí. Lo nuevo es que salieron del laboratorio académico y pueden ponerse al servicio de la vigilancia pública: quién tala, quién construye sin permiso, qué concesión minera avanzó sobre una zona que el Inventario marcaba como periglacial. Esa vigilancia no sustituye a la fiscalización estatal —la exige.
La inteligencia artificial generativa entró a las redacciones más rápido de lo que entraron los teléfonos inteligentes. En menos de tres años pasó de ser una curiosidad técnica a ser un componente cotidiano. Lo que no se movió a la misma velocidad fue el criterio con que se la usa.
En Alerta Glaciar partimos de una posición explícita, declarada en nuestro manual de estilo: usamos herramientas de inteligencia artificial y usamos curaduría humana, y las dos cosas importan. La IA puede procesar en minutos volúmenes de documentos legislativos que un equipo humano tardaría semanas en leer. Puede cruzar listados de empresas adheridas al RIGI con coordenadas del Inventario Nacional de Glaciares. Puede sistematizar votaciones, generar líneas de tiempo, detectar patrones en sesiones extensas. Puede ordenar lo que el Estado decidió no ordenar.
Las herramientas de IA también tienen sesgos. Sesgos en sus datos de entrenamiento, en sus prioridades de diseño, en lo que amplifican y en lo que suprimen. Por eso la curaduría humana, en Alerta Glaciar, no es un filtro posterior: es el proceso central. La IA es la herramienta. El periodismo es el método.
Esto no es ingenuidad ni tecnofobia. Es la condición mínima para que una redacción ambiental no termine, sin darse cuenta, reproduciendo a escala industrial los marcos de quienes tienen más datos de entrenamiento: las propias corporaciones extractivas.
La literatura crítica sobre la transición energética lo documenta desde hace más de una década. El Banco Mundial estima que durante los próximos 30 años será necesario extraer 3 mil millones de toneladas de minerales y metales para impulsar la transición energética mundial; la Agencia Internacional de Energía calcula que para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París se requeriría cuadruplicar la extracción de metales y minerales entre 2020 y 2040. La CEPAL estima que la demanda mundial de litio para energías limpias podría crecer hasta 17,1 veces.
En casi todos los casos, la narrativa pública del proyecto se apoya en la palabra innovación: minería sostenible, tecnologías limpias, gestión responsable del agua. La pregunta periodística, sin embargo, no es si los proyectos usan tecnología nueva —muchas veces la usan—, sino qué nivel de protección ambiental estaban obligados a cumplir en el régimen legal anterior y qué nivel pasan a estar obligados a cumplir bajo la nueva arquitectura regulatoria.
La respuesta está en la propia reforma. En el texto aprobado el 9 de abril, el Inventario Nacional de Glaciares pierde carácter vinculante y el control pasa principalmente a las autoridades provinciales. Según el análisis de Chequeado, uno de los efectos más significativos de la reforma es que revierte la lógica del artículo 41 de la Constitución Nacional, que le otorga al Congreso la potestad de fijar un piso nacional de protección ambiental que las provincias no pueden reducir; con la reforma, ese piso pasa a determinarlo cada jurisdicción.
La innovación como relato corporativo convive, en el mismo expediente, con una operación más simple: bajar el umbral de protección legal. La tarea del periodismo no es desmentir la palabra "innovación". Es separar, con datos, las dos versiones.
Hasta aquí la investigación habla de cómo la creatividad y la innovación pueden mejorar la manera en que se produce información ambiental. Falta la otra mitad: qué hacer para que esa información, una vez producida, circule.
Es un problema menos técnico de lo que parece. La Ley de Glaciares llevaba, hasta abril de 2026, quince años de ataques sistemáticos —intentos de modificación, cuestionamientos judiciales, presiones empresarias reiteradas en los coloquios anuales de IDEA, en las cámaras mineras, en los pasillos de gobernaciones—. Gran parte de esa historia estuvo documentada, pero circuló poco más allá de los lectores que ya estaban atentos al tema. El resultado es conocido: cuando la reforma llegó al recinto, muchísima gente escuchó hablar del tema por primera vez, y la escuchó hablar en los términos que imponían los bloques oficialistas.
Comunicar mejor no es un accesorio. Es parte del trabajo. Si la información verificada no encuentra cómo salir de la burbuja especializada, termina siendo una prueba disponible para un juicio que nadie inicia.
Hay decisiones concretas que una redacción puede tomar. Puede trabajar el formato: un hilo de Twitter bien construido no es un resumen de un artículo, es una pieza autónoma que empieza por el hecho y termina por el documento. Puede trabajar el lenguaje: "ambiente periglacial" no es una expresión coloquial, y no decirla nunca —o decirla sin traducirla— deja afuera a lectores que sí están interesados en el fondo del problema. Puede trabajar la visualización: un mapa que muestra la distancia entre un proyecto minero y el glaciar catalogado más cercano hace en segundos lo que tres párrafos no logran.
Y puede trabajar la honestidad del método. Declarar qué herramientas usa, qué fuentes consultó, qué no pudo verificar. En un ecosistema saturado de generación automática de contenido sin atribución, la transparencia sobre cómo se llegó a la conclusión no es un gesto de humildad. Es una ventaja competitiva frente al ruido.
Comunicar mejor también es, en este sentido, una forma de defensa del territorio. Porque un territorio sobre el que nadie sabe nada es un territorio más fácil de entregar.
La Ley de Glaciares se sancionó en 2010 tras años de trabajo técnico, parlamentario y social. Quince años después, fue reformada en una sesión de madrugada. Entre una cosa y la otra hubo miles de páginas de información. No alcanzó. No porque la información no existiera. Porque no circuló a tiempo, a la escala necesaria, con la claridad que el conflicto exigía.